Un grupo de abogados ha solicitado intervención judicial ante el máximo tribunal, argumentando que las reglas vigentes discriminan a postulantes jóvenes y contradicen el requisito constitucional al elevar el umbral de experiencia requerido
Miembros de la Comisión Postuladora para Fiscal General de Guatemala se reúnen para evaluar candidatos, con la magistrada Silvia Valdés participando virtualmente en pantalla. (Organismo Judicial de Guatemala)
El proceso de selección para el cargo de fiscal general en Guatemala enfrenta una controversia judicial, ya que dos acciones de amparo presentadas ante la Corte de Constitucionalidad cuestionan el sistema actual por excluir, de manera automática, a la mayoría de profesionales menores de sesenta años, además de exigir una reforma inmediata en la metodología de evaluación para que el presidente de la república Bernardo Arévalo no proceda con el nombramiento hasta corregir las reglas vigentes.
La preocupación central radica en que el modelo vigente asigna cincuenta de los cien puntos posibles solo a los candidatos con más de veinticinco años de experiencia, lo que deja fuera, en la práctica, a la mayoría de los profesionales jóvenes.
De acuerdo con la denuncia planteada en el amparo, la Comisión de Postulación exige, como parte esencial del proceso, una trayectoria profesional cuya valoración inicia únicamente tras los primeros diez años de ejercicio.
Por tanto, un aspirante con una década de experiencia, aunque cumpla con el requisito constitucional mínimo para postularse, obtiene cero puntos en ese rubro.
La ponderación alcanza tal grado de peso que, para llegar a la calificación mínima de setenta y cinco puntos, una persona necesita documentar al menos veinticinco años de carrera. Así, quienes tienen menos de sesenta años prácticamente quedan excluidos del proceso, como detalló el abogado Edgar Ortiz.
La acción judicial observa que este método “modifica de facto el requisito constitucional”, pues mientras la Constitución de Guatemala exige solo diez años de experiencia profesional para aspirar al cargo, la tabla de puntajes aprobada eleva ese umbral de modo indirecto y no previsto legalmente.
Ortiz explicó que el efecto automático del sistema es la exclusión de “personas capacitadas únicamente por su edad”, lo que contradice el principio de igualdad ante la ley.
Reclamaciones judiciales contra la Comisión de Postulación y el presidente Arévalo
El primer amparo, promovido por Edgar Ortiz, solicita que la Corte de Constitucionalidad ordene a la Comisión de Postulación de Fiscal General modificar la tabla de puntajes.
La intención explícita es que la reforma “garantice igualdad de oportunidades” y que los candidatos compitan en condiciones justas, sin detener el calendario oficial del proceso.
Ortiz recordó un precedente de 2022, en que la Corte aceptó tramitar, con carácter urgente, un reclamo referido al mecanismo de selección, e instó a que la resolución actual mantenga esa celeridad: “Le pedimos a la Corte que sea consistente con su propio precedente del 2022”, sostuvo Ortiz citado por Otra Guatemala Ya.
La segunda acción de amparo, presentada por el abogado Erick Castillo, exige que el presidente Bernardo Arévalo postergue el nombramiento del nuevo fiscal general hasta tanto la Comisión de Postulación revise el sistema de evaluación.
Castillo subrayó que la tabla de gradación actual favorece “a empleados públicos con carreras extensas” y perjudica a postulantes igualmente habilitados, pero más jóvenes. Según sus declaraciones a medios locales, el propósito es que la máxima Corte intervenga y obligue al organismo a diseñar un esquema que garantice competencia real.
Castillo enfatizó: “La CC debe ordenar al presidente de la República no nombrar al nuevo Fiscal General hasta que la Comisión cumpla con elaborar una tabla de gradación que permita participar en igualdad de condiciones y que no favorezca a empleados públicos”.
Las dos acciones legales —una contra la Comisión de Postulación y otra contra el presidente Bernardo Arévalo— no solicitan suspender el proceso, sino modificar de inmediato el sistema para evitar la exclusión “ilegítima e ilegal” de personas competentes solo por su edad.